Oficina Defensorial de Piura propiciará coordinación institucional en defensa del derecho a la educación·  El pago de la cuota de Apafa no puede superar los S/ 62.25 soles. Se recomienda que dicho pago se solicite a los padres o tutores en un momento distinto al período de matrícula.

La Defensoría del Pueblo en Piura iniciará supervisiones al proceso de matrícula escolar 2018 a fin de garantizar el libre acceso a la educación y en igualdad de oportunidades. Para ello recuerda a los directores de las instituciones educativas (I.E.) y padres de familia, que la matrícula escolar no está condicionada a ningún cobro o pago previo, tampoco a la exigencia de requisitos o la presentación de documentos, debiéndose garantizar una educación básica obligatoria y gratuita.

“Junto con la Dirección Regional de Educación y la Fiscalía de Prevención del Delito iniciaremos supervisiones conjuntas en distintas escuelas de la región a través de visitas inopinadas, por lo que exhortamos a los padres y madres de familia, a poner de conocimiento inmediato de nuestra institución, aquellos hechos que restrinjan el derecho a la educación de sus hijos”, afirmó el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego.

Según cifras de la Oficina Defensorial (OD) de Piura en los últimos cuatro años se han registrado 79 casos sobre vulneraciones al derecho a la gratuidad de la educación pública, generados por cobros ilegales como: gastos administrativos (ficha única de matrícula, fotocopia), útiles o materiales educativos (libreta de notas, insignia), pago de docentes (cursos o talleres), textos escolares o libros.

Es común encontrar afectaciones al derecho a la educación pública gratuita, por condicionamientos al pago previo de la cuota de Asociación de Padres de Familia (Apafa), que este año no puede superar los S/ 62.25 soles (1.5 UIT), sugiriendo a las autoridades educativas que velen porque el pago de dicha cuota este desvinculado del proceso de matrícula escolar.La entidad defensora de los Derechos Humanos en la región, recordó que las instituciones educativas públicas y privadas tienen la obligación de separar, por lo menos, dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad, situación que no se viene cumpliendo y es corroborada en las múltiples supervisiones defensoriales.